Consideraciones para una Reforma Política Integral…
si en verdad se quiere avanzar
Consideraciones iniciales:
Se han realizado varios intentos fallidos de reforma política del Estado, ello porque han pasado sin pena ni gloria, habida cuenta de que se ha buscado afanosamente dejar las cosas hasta donde no se vulneren los intereses partidistas -del partido en el poder-.
Reformas que no han pasado de ser meros paliativos, para pretextar que se busca avanzar, sin que en realidad se haga algo de lo propuesto, de ahí la escasa participación social real y el retroceso que se ha tenido en algunas reformas anteriores.
México es un país de leyes en exceso, pero es un deporte nacional no cumplirlas o violarlas, porque la mayoría no corresponden a las necesidades reales y las autoridades principalmente se tornan laxas en su cumplimiento ––no se alcanza el 25% de su cumplimiento––.
Los institutos electorales no cuentan con credibilidad, habida cuenta la magra calidad de los personajes que los integran ––por sus compromisos–– y la participación descarada de los partidos políticos en su conformación y dominio.
Se pondera en demacía la participación ciudadana, pero no se dan en la práctica condiciones y garantías para dicha participación, ya no se diga en cuanto a una presencia -laboral- mínima en la administración pública, la cual permanece copatada y cooptada por el partido en el poder.
Las leyes electorales, por su parte -como las demás-, se tornan aisladas y ajenas al resto de normas jurídicas no respondiendo con ello a una integralidad mínima, así como también hacia otros aspectos de la vida cotidiana del Estado.
En cuanto a la representatividad, en muchos años hemos tenido gobernantes electos legalmente, pero sin legitimidad.
Se propone:
De la reforma:
Debe considerarse más como un mecanismo de estudio e investigación de las necesidades apremiantes de las distintas asignaturas que el Poder Legislativo debe atender de la sociedad en su conjunto, pero sobre todo en la actualización de las formas en cuanto a la representación que de ésta tiene en el Estado como gobierno.
Tiene el propósito de afinar aquellos aspectos que los tiempos actuales exigen para un mejor funcionamiento como organismo vivo que es una sociedad y para su evolución hacia nuevas expectativas de desarrollo. Dado que en la medida que frenemos lo políticos electoral, lo detenemos hacia otros aspectos del desarrollo.
Que la reforma del Estado en materia político electoral, se centre en una auténtica participación social, alejando los intereses partidistas en la conformación de los órganos electorales, porque el futuro no puede esperar. Debe pasar las propuestas del sector gubernamental a ser meras proposiciones personales, sin ponderarlas como elementos decididores del ejercicio de reforma, porque no debe haber niveles categóricos de opinión.
No olvidar que la legislación político electoral, es con el propósito de alcanzar la mejor manera de llevar a cabo la voluntad ciudadana a través de la representación de sus intereses y nadie es dueño de ésta, por lo tanto los avances hacia el futuro ya no deben detenerse.
Que lo importante de la reforma es mantener un conocimiento puntual, actual y constante de la opinión ciudadana sobre los temas torales del Estado y la presencia de sus representantes.
Que en todo momento la ciudadanía, como soberana que es, tiene el derecho inalienable de remover a sus gobernantes, para ello urgen mecanismos de acuerdo a los tratados internacionales que México ha firmado y comprometido a cumplir.
Que es urgente crear los mecanismos para tener gobernantes legales y legítimos, que nos ha dado gobernantes bajo descrédito.
De los partidos políticos:
Considerar a los partidos como instituciones de interés social, cuyo fin último es alcanzar y conservar el poder en base a postulados ideológicos claros, pero evitar a toda costa que se conviertan en dueños absolutos del poder público y embajadores de intereses extranjeros.
El logotipo o insignia de un partido político es la dignidad del mismo, por lo que no debe ni se puede amalgamar con otro u otros en los que vaya en coalición o alianza, habida cuenta que es por éste por el que la gente vota.
El logotipo debe ser considerado como elemento inalterable, dado que es toda la presencia y oferta de un instituto político hacia la ciudadanía, pero también la imagen institucional.
Las prerrogativas a cada partido serán en función de los votos que obtenga, que no se pueden contabilizar si se acude en alianza, frente o coalición, pero además son único elemento estadístico de las tendencias electorales.
Las precampañas deben ser hacia el interior de los partidos y dirigidos a su militancia, por lo que no deben salir a la ciudadanía, porque sería tanto como una campaña anticipada o ampliada. Si una precampaña sale al público será considerada dentro de los gastos de campaña ––de auditarse–– y considerarse delito electoral por adelantarse a los tiempos.
Para ser candidato a cualquier puesto de elección popular, no es necesario ser avalado o cobijado por un partido político. Cada candidato individual o de partido puede recibir todas las adhesiones de otros partidos y convertirlo en candidato común.
Para hacer alianzas, coaliciones y/o frentes, no es necesario solicitar ninguna autorización de organismo alguno, debe ser una prerrogativa de los propios partidos políticos. Lo que pueden hacer con uno o con todos los candidatos, si así lo acuerdan sus asambleas.
De los candidatos:
Los diputados y regidores deben representar a la ciudadanía y no a sus partidos políticos, para lo que son electos, es por ello que se eligen diputados por distrito y deben elegirse regidores por delegación, de no respetarlo pudieran ser demandados y destituidos por sus electores.
Urge dividir a los ayuntamientos en los tres poderes y evitar que las presidencias municipales sean dictaduras de un solo individuo.
Las campañas gubernamentales durante el proceso electoral, deben ser consideradas como delito electoral, así como las acciones institucionales de inducción del voto hacia un partido o candidato determinado.
La mayoría de los recursos de los partidos políticos deben provenir de sus propias acciones, militantes y apoyos externos.
Los partidos no deben tener topes a los gastos de campaña, dado que ello redundará en la derrama de grandes cantidades de dinero que apoyarán a la economía social del Estado.
Los recursos de los partidos políticos y candidatos deben ser auditados para saber su procedencia, única y exclusivamente para comprobar que no son recursos mal habidos o ilegales.
Las candidaturas deben ser de partido o individuales, las alianzas o coaliciones se harán con acuerdos y bajo la figura de candidaturas comunes.
Los diputados deben ser releectos cuantas veces sea necesario, lo que redundaría en una mejor representación y en acuerdos políticos entre los partidos y otras organizaciones.
Los presidentes municipales deben ser reelectos para el período inmediato, lo mismo que los regidores.
Los diputados de representación proporcional no deben desaparecer y deben ser aquellos que alcancen una cantidad importante como segunda mayoría, como estaba establecido en la ley electoral anterior y que contempla ésta figura.
Todo candidato debe ser auditado al final de la campaña para comprobar que los recursos se gastaron en la misma y no para hacer otro tipo de negocio, sin importar de dónde provengan los recursos.
De los organismos electorales:
Es necesario considerar que los jóvenes que prestan su servicio militar nacional tengan entre sus obligaciones el llevar a cabo el proceso electoral en las casillas principalmente, para evitar la contaminación habitual.
Es indispensable que los sectores económicos, sociales y políticos, que acrediten representación, se conformen en una especie de congreso ciudadano para que permanezcan alertas de los sucesos dentro del Estado, no sólo en lo político electoral.
El congreso del Estado nunca debe perder el control que la ley le indica aún cuando deje algunas actividades en manos de la ciudadanía organizada.
Es importante iniciar por no permitir a delincuentes electorales o bajo investigación judicial de ningún tipo, sean candidatos y ocupen algún cargo público.
Los distritos electorales deben ser tantos cuantos sean necesarios y, que sean territorios fácilmente identificables y no las aberraciones que existen, partiendo de que sus necesidades, vocaciones y expectativas sean similares.
Los consejeros electorales ciudadanos del Concejo Estatal Electoral, deben ser uno por cada distrito y mantendrá el control total del Instituto Estatal electoral, los cuales deben ser electos por capacidad calificada por un consejo de instituciones educativas superiores.
La ciudadanía y los organismos sociales y económicos, pueden manifestarse a favor o en contra de ciertos candidatos durante el proceso electoral, sino que necesariamente hagan campaña.
Las leyes de carácter electoral deben considerar su impacto en otras áreas económico sociales.
Considerar que todo proceso político electoral debe ser atendido por todos los sectores desde la escuela hasta la universidad en lo educativo, desde la noticia hasta la entrevista en los medios de comunicación con el propósito de involucrar a los más.
Los medios electrónicos, como concesiones del gobierno que son, deben de dar difusión por igual a todos los candidatos y partidos.
De los delitos electorales:
Se debe considerar que los delitos electorales deben ser perseguidos de oficio y ser considerados en equiparación al fraude, el robo, el chantaje, desfalco, malversación y demás delitos, que no dejan de ser un atraco, saqueo y despojo de los bienes públicos a la sombra del poder público.
Los funcionarios electorales que sean identificados como servidores de partidos y/o gobernantes, deben ser cesados de inmediato, ser considerados traidores y someterse a una investigación.
De la misma manera aquellos representantes que se integren sin manifestar que pertenecen a un partido político.
Los funcionarios públicos que desvíen recursos públicos hacia el apoyo de candidato o partido político alguno.
Partidos y/o candidatos que sean apoyados por gobiernos, grupos, religiones o intereses extranjeros, deben ser considerados traidores a la patria, cesados y encarcelados.
De la participación social o ciudadana:
Las aportaciones a los partidos políticos y/o candidatos, deben ser deducibles de impuestos para las personas y empresas que hagan las aportaciones, porque es una manera de apoyar al desarrollo de la democracia. Mismas que deben ser en metállico, en especie o personal (en referencia a la dotación de trabajadores para ciertas tareas).
Todo ciudadano en pleno uso de sus derechos y deberes como tal, puede participar como candidato sin distingo de ninguna especie o sin ser avalador por un partido político. Pero si un partido político se quiere unir a una candidatura ciudadana, lo puede hacer.
Los grupos sociales deben asumir en algunos casos funciones atribuidas a los partidos políticos, siempre y cuando se lo hagan saber en tiempo y forma a las instituciones electorales.
Conclusiones:
Debemos dejar claro; el proceso de reforma político debe realizarse de manera natural en cada legislatura como elemento de ubicación y desarrollo del Poder Legislativo, no sólo en éste aspecto, sino de manera general de ubicación política en todos los ámbitos del desarrollo del Estado de Baja California.
Todo ello fincarlo con bases científicas, de estudios serios y comprobados en su desarrollo, para no continuar con leyes tan discordantes que llegan a contradecirse, como muchas de las reformas -inclusive contitucionales-, que en los últimos timepos nos habland de legisladores ignorantes y presuntuosos de su propia burrés.
Los tiempos ya no puedene sperar a que el futuro no lacance y tenemos que equiparar nuestros ordenamientos y procesos a los actuales tiempos y hacia el resto del mundo desarrollado, ya que el desarrollo no puede circunscribirse a lo tecniológico, sino a todos los aspectos del avance en beneficio de la ciudadanía. (continuará)...
Si vieran la estupidez con la que salieron de propuesta de reforma... tiene más entido democrático un niño en la primaria que un político mexicano...
